El 27 de febrero de 2020 nació la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja para defender los derechos de las más de 12.000 familias que han elegido uno de los 28 colegios concertados de La Rioja y los cerca de 1.500 educadores y personal no docente que trabajan en ellos. Con motivo de este primer aniversario, la Plataforma ha ofrecido una rueda de prensa para hacer balance de “un año negro para la educación española en general y la riojana, en particular”.

El acto ha contado con la presencia de representantes de las cinco entidades que la forman: Ana Isabel Preciado, presidenta de Escuelas Católicas La Rioja; Irene Parra, representante de CECE en La Rioja; Ángel del Campo, secretario general de CONCAPA Rioja; Alejando Vesga, responsable de FEUSO La Rioja; y Gonzalo González, secretario de FSIE La Rioja.

 

Balance del primer año

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja nació para proteger el derecho fundamental a la educación y a la libertad de enseñanza, promover la autonomía de los centros, defender el derecho de las familias a elegir colegio, impulsar la adecuada financiación de los conciertos educativos y asegurar los puestos de trabajo tanto de los docentes como del personal de administración y servicios. El tiempo y los hechos han demostrado la necesidad de crear esta Plataforma.

“Vivimos el curso 2019-2020 con el consejero Luis Cacho. Siempre se negó a dialogar y consensuar, claramente dirigido por el pacto de gobierno. Tomó decisiones que nos obligaron a acudir a la Justicia e hicimos un llamamiento a la sociedad riojana, que masivamente salió a la calle para apoyar a la red concertada”, ha rememorado Ana Isabel Preciado.

“En agosto se hizo cargo de la consejería Pedro Uruñuela. Desde el primer momento, ha realizado un trato discriminatorio. En la educación concertada comenzamos un curso marcado por la pandemia sin ayudas de la Administración. Desoyeron absolutamente todas las necesidades de los colegios concertados”, ha explicado la portavoz.

Esta afirmación la ha respaldado con datos: “Mientras en la red pública se desdoblaron aulas y se aumentaron las plantillas hasta en 413 profesores, para la concertada solo llegaron siete. No hemos tenido la opción de desdoblar aulas, ni se nos ha entregado el mismo material sanitario, ni se ha pensado en nosotros para los medidores de ozono CO2. Nuestros centros son lugares seguros gracias al esfuerzo y el apoyo de titularidad, personal, familias y alumnado. La Consejería de todos ha abandonado a su suerte a más 15.000 alumnos y más de 1.500 trabajadores de la comunidad educativa riojana”.

 

Discurso insidioso

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja ha lamentado el tono insidioso de las declaraciones del consejero: “Está basado en prejuicios contra la educación concertada. El Sr. Uruñuela sabe que sus afirmaciones no son ciertas porque los informes y las estadísticas de la propia Consejería así lo demuestran”. Como ejemplo, la portavoz ha expuesto algunos datos: “En proporción, tenemos más alumnos con necesidades educativas especiales que la red pública. Además, las aulas para alumnado con Graves Trastornos de Personalidad están exclusivamente en colegios de la red concertada”.

En este sentido, Ana Isabel Preciado ha destacado: La concertada demuestra cada día, con mucho orgullo, que trabajamos con todo tipo de alumnos. Sr. Uruñuela, los colegios concertados no eligen a sus alumnos, son las familias las que nos eligen”.

 

Un decreto para controlar todo

Sobre el nuevo decreto de escolarización, Ana Isabel Preciado ha señalado que “nace con la misma precipitación y falta de diálogo” que la Ley Celaá: “Sin tiempo, sin consultas y utilizando a La Rioja como laboratorio experimental del resto de España”.

Según ha explicado, con este decreto “limitan el derecho a la libertad de elección de centro educativo; la Administración suplanta al Consejo Escolar las competencias en materia de admisión y también a las direcciones de los centros; abren las puertas a la zonificación de los municipios y sustituyen las comisiones de escolarización municipales por la Oficina de Admisión Permanente”.

“Este decreto de escolarización es un paso más al control sobre todo y sobre todos, pero todavía no se ha aprobado, está en fase de estudio. Desde aquí le pedimos al consejero que lo deje para el próximo curso, que no haga pasar a las familias por la angustia del año pasado (que estaban inscribiendo a sus hijos en junio). Y que en este tiempo lo piense bien y abra un diálogo serio con todos los implicados”, ha afirmado la portavoz.

 

Futuro preocupante

“Entre nuestras preocupaciones se encuentra la asignatura de religión y los profesores de ésta. Una vez más, con mentiras y de manera unilateral, se rompe el convenio con la Diócesis peligrando una asignatura que es fundamental para el crecimiento personal de los alumnos y para el conocimiento en profundidad de la cultura en la que vivimos”, ha expresado Ana Isabel Preciado.

Mirando al futuro, la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja observa también con preocupación los conciertos educativos y las ratios por aula. “En sus declaraciones, el consejero ha hablado de reducir a 20 la ratio de 1º de Infantil. Esperamos que esa reducción sea para todos y que la consejería no siga empeñada en eliminar aulas de la concertada con demanda. Si lo hacen, volverán a encontrarnos en los tribunales”, ha advertido Ana Isabel Preciado.

Por último y como ha defendido siempre, la Plataforma ha mostrado su disgusto por el empeño de la Consejería de Educación por estar constantemente confrontando las dos redes, pública y concertada. “Somos dos redes complementarias y en nuestra comunidad siempre hemos convivido para prestar el mejor servicio educativo a la sociedad riojana”, ha finalizado la portavoz.

La organización recuerda al consejero de Educación que “los colegios concertados no eligen a sus alumnos, son las familias las que los eligen”

La Plataforma ha pedido que abra un diálogo serio con todo el sector y deje el nuevo decreto de escolarización para el próximo curso, evitando a las familias pasar por la angustia del año pasado, cuando tuvieron que inscribir a sus hijos en junio

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