• Como viene siendo norma habitual durante toda la Legislatura, los centros están soportando el peso de adaptarse ‘sobre la marcha’ a los desaciertos de un Gobierno que sigue cerrado al diálogo y a garantizar la igualdad de condiciones entre las redes sostenidas con fondos públicos

A diferencia de otras Comunidades Autónomas, que han optado por la prudencia a la hora de publicar los decretos de los nuevos currículos, la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja considera que el Gobierno de la Rioja optó por publicarlos de forma precipitada, anteponiendo los intereses políticos a los intereses de las familias, docentes y equipos directivos, que ya han comenzado a sufrir las consecuencias. “Las resoluciones con las instrucciones se publicaron con fecha 30 y 31 de agosto de 2022, a una semana de comenzar el curso. Existe un absoluto desconocimiento acerca de los nuevos currículos que entran en funcionamiento en todos los cursos impares de primaria, secundaria, bachillerato y FP, sobre los criterios de evaluación y promoción, las nuevas materias o las nuevas figuras. Como viene siendo norma habitual durante toda la Legislatura, serán de nuevo los equipos directivos y los docentes los que soporten el peso de adaptarse ‘sobre la marcha’ a los desaciertos de un Gobierno que sigue cerrado al diálogo”, ha afirmado Carlos Torres, presidente de CONCAPA La Rioja y portavoz de la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja.

A pesar del esfuerzo realizado por los centros, los alumnos y sus familias están sufriendo asimismo esa improvisación y mala gestión.  A un día del comienzo del curso no tienen aún resuelto en su totalidad el tema de la gratuidad de los libros de texto y el consejero se atreve a afirmar que esto es responsabilidad de los centros. “Resulta chocante que lejos de asumir ningún tipo de responsabilidad ni realizar la más mínima autocrítica, culpe a algunos centros de que les ‘ha pillado el toro’, cuando la precipitación define su actuación desde el comienzo”, continúa denunciando Carlos Torres, portavoz de la Plataforma.

Falta de interés

La Plataforma afirma una vez más que la Consejería de Educación desoye sistemáticamente las reivindicaciones de la red concertada. “Sigue sin existir igualdad en los recursos materiales y humanos de ambas redes. En la red concertada se continúa con una jornada de 25 horas lectivas y los nuevos proyectos, como el Plan Digital de Centro, se suscriben únicamente a la red pública (cuando en febrero se amparaba a todos los centros sostenidos con fondos públicos). Por el contrario, contamos con un nuevo Decreto de Convivencia que ya está en vigor, pero del que todavía no hay ninguna Orden que lo desarrolle y, por tanto, comenzamos el curso con un vacío legal: lo anterior no sirve y lo nuevo no está desarrollado”, ha criticado Carlos Torres, portavoz de la Plataforma.

Desde los centros se denuncia la falta de asistencia y acompañamiento durante el verano por parte de la Administración para la puesta a punto de la planificación del nuevo curso, con recursos y centros como el CRIE cerrados dos meses. “Esta desatención se explica también cuando conocemos, por ejemplo, que el curso se inicia con ocho inspectores menos (de un total de catorce que hay en plantilla de la Inspección Técnica Educativa). Respecto a la asignatura de Religión, la pérdida de catorce profesores en la red pública confirma una vez más el interés ideológico del Gobierno de La Rioja y no los intereses y demandas de los ciudadanos”, ha continuado Carlos Torres, portavoz de la Plataforma.

Por último, la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja también ha querido dejar constancia el desinterés de la Consejería de Educación a la hora de atender las demandas de las familias que, habiendo elegido colegios concertados, finalmente se han visto obligadas a llevar a sus hijos a centros públicos. Familias que, tras reclamar una y otra vez su derecho a elegir una educación conforme a sus valores y convicciones, no han recibido ninguna respuesta por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja; a pesar de que el director general de Gestión Educativa y el consejero de Educación del Gobierno de La Rioja disponen, dentro de su propia normativa, de las herramientas legales necesarias para poder hacerlo.

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